Año 2020, Florida. Un hombre llamado Zachary sale a montar en bicicleta. Pasa por delante de una casa. Horas después, en esa vivienda se comete un robo.
Zachary no tiene nada que ver con el delito. Simplemente pasaba por allí en bicicleta.
Un año después, recibe un correo de Google. El mensaje dice: la policía ha obtenido tus datos de localización. Si no quieres que accedan a tu nombre y a la información de tu cuenta, tienes siete días para presentar una impugnación judicial.
No le dicen de qué caso se trata. No tiene ninguna pista. Ni siquiera recuerda por dónde pedaleaba aquel día de hace un año. Solo sabe una cosa: si no contrata a un abogado, la policía recibirá todo su historial de ubicaciones y su identidad real.
La historia de Zachary terminó relativamente bien: cuando un abogado intervino, la fiscalía informó a la policía de que ese hombre no era sospechoso. Pero el dinero que gastó en el abogado, el miedo de tener que demostrar su inocencia sin haber hecho nada: eso nadie se lo devuelve.
La herramienta que estuvo a punto de convertir a Zachary en sospechoso es la protagonista de este artículo: la orden de geovalla (geofence warrant). Ayer, 29 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló por 6 votos contra 3 que este tipo de orden vulnera el derecho a la privacidad protegido por la Cuarta Enmienda. La policía ya no podrá obtener tus datos de localización por este procedimiento.
Uno
Empecemos por explicar qué es exactamente.
La mayoría de la gente entiende la localización de móviles así: la policía detiene a un sospechoso, pongamos que se llama García. La policía quiere saber dónde estuvo García el día del delito, así que solicita al juez una orden para acceder a sus datos de localización.
Eso se llama 「localización directa」: primero tienes al sospechoso, luego investigas sus movimientos.
La orden de geovalla funciona al revés.
La policía dibuja un círculo en el mapa alrededor de la escena del crimen —150 metros de radio, 30 minutos antes y después de la hora del delito— y le dice a Google: dame los datos de localización de todas las personas que pasaron por ese círculo en esa franja horaria.
Fíjate en la diferencia. No es 「¿dónde estuvo García?」. Es 「de toda la gente que estuvo allí, ¿hay algún García?」.
¿De cuánta gente tiene Google datos de localización? De cientos de millones de usuarios de Android, más todos los usuarios de iPhone que usan Google Maps, la búsqueda de Google y otros servicios. Si tienes activado el historial de ubicaciones —y mucha gente ni siquiera sabe que lo tiene activado—, Google registra tu posición exacta cada pocos minutos.
Ese volumen de datos implica que, en cualquier momento y en cualquier lugar, Google tiene una lista de 「quién está aquí」. Y a la policía le basta con una orden judicial para conseguirla.
En el caso que llegó al Supremo, la lista inicial que la policía obtuvo de Google contenía 19 cuentas: 19 personas que estuvieron a menos de 150 metros de un banco en el momento en que se produjo un atraco. Luego fueron cribando: de 19 cuentas pasaron a 9, luego a 3. Una de ellas era Okello Chatrie, el hombre que robó 195.000 dólares a punta de pistola.
Chatrie fue condenado a 12 años. Era culpable, y el resultado no parece injusto. El problema son los otros 18: sus datos de localización también fueron obtenidos y examinados por la policía. Los movimientos de 16 personas fueron escrutados por los investigadores. Ninguna de ellas había hecho nada. Solo pasaban por delante de un banco.
Y la historia de Zachary demuestra algo peor: en cuanto tus datos aparecen en esa lista inicial, te conviertes automáticamente en sospechoso. Sin pruebas, sin indicios, sin motivo. Solo por pasar por allí.
Dos
¿Por qué el Tribunal Supremo considera que esto es inconstitucional?
Hay que hablar de la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Su núcleo es simple: el gobierno no puede realizar 「registros e incautaciones irrazonables」. Para registrar a una persona, la policía necesita una orden judicial que cumpla dos condiciones: debe existir causa probable para creer que esa persona está relacionada con un delito, y la orden debe describir con precisión el objeto y el alcance del registro.
La historia detrás de esta enmienda es más antigua que el propio Estados Unidos. En las colonias británicas del siglo XVIII, el rey podía emitir las llamadas general warrants —órdenes genéricas de registro— sin especificar persona ni alcance: valían para registrar a cualquiera. Los fundadores del país las odiaban, y por eso las prohibieron expresamente en la Constitución.
Ahora mira de nuevo la orden de geovalla.
Cuando la policía la solicita, no sabe quién es el delincuente. No tiene ninguna prueba que apunte a una persona concreta. Su lógica es: el culpable tiene que estar entre estas 19 personas. Así que pidamos los datos de todas y luego buscamos al culpable.
Esa es exactamente la estructura de las general warrants del siglo XVIII: primero se lanza la red, luego se busca al pez.
La jueza Elena Kagan, en la opinión mayoritaria, lo expresó con meridiana claridad: 「Una persona tiene una expectativa razonable de privacidad sobre su historial de localización en el móvil. Cuando la policía solicita esa información, invade un interés constitucionalmente protegido, aunque sea por un periodo breve y aunque los datos estén en manos de una empresa tecnológica」.
Kagan también desmontó el argumento central del gobierno, que sostenía que Chatrie había activado voluntariamente el historial de ubicaciones de Google y que, por tanto, no podía alegar expectativa de privacidad sobre esos datos.
La respuesta de Kagan: la voluntariedad aquí es más que dudosa. Google bombardea al usuario con ventanas emergentes para que active el historial de ubicaciones, advirtiéndole de que el dispositivo 「podría no funcionar correctamente」 si no lo hace, mientras oculta con qué frecuencia se registra la posición, con qué precisión y que esos datos pueden acabar en manos del gobierno. 「Lo que hace un usuario de móvil es lo más normal que puede hacer una persona con su teléfono」.
Aceptar el argumento de que 「como usas un móvil, no tienes derecho a la privacidad sobre los datos que genera」 equivale a decir que, por el mero hecho de vivir en la sociedad moderna, renuncias automáticamente a la protección de la Cuarta Enmienda.
El Tribunal no compró ese argumento.
Tres
En los comentarios de Hacker News, un usuario propuso un ejemplo brillante para ilustrar la diferencia entre un registro normal y un registro por geovalla: el caso Paula Broadwell.
En 2012, el FBI descubrió que alguien estaba enviando correos amenazantes desde varias cuentas anónimas a Paula Broadwell, la biógrafa del general David Petraeus, entonces director de la CIA. El FBI rastreó las direcciones IP de origen y descubrió que procedían de tres hoteles distintos. Así que solicitó a esos tres hoteles sus respectivas listas de huéspedes.
Cruzando las tres listas, solo había una persona que aparecía en todas: Paula Broadwell.
¿Ves la diferencia?
El FBI partía de un objetivo claro (la persona que enviaba los correos) y de pistas concretas (tres direcciones IP). Luego solicitó información limitada a tres hoteles (sus listas de huéspedes) y cruzó los datos para identificar a la sospechosa. Cada paso estaba focalizado. Cada paso reducía el universo de posibles sospechosos en lugar de expandirlo.
La orden de geovalla funciona exactamente al revés: primero se acota una zona, se mete a todo el mundo dentro y luego se busca al objetivo. ¿Que no hay pruebas contra nadie en concreto? No importa: consigamos primero los datos de todos y luego vemos. ¿Que hay demasiados datos y el cribado puede producir falsos positivos? No importa: consigamos primero los datos de todos y luego vemos.
Otro comentario de HN lo resume con aún más contundencia:
「Imaginad que la policía dijera: ‘Eh, creemos que vuestra empresa puede tener almacenados los datos de localización de algunos móviles, ¿nos dejáis echar un vistazo?’ Es demencial. No tiene nada que ver con: ‘Tenemos una sospecha razonable de que una persona concreta ha cometido un delito; dadnos los datos pertinentes de esa persona’」.
Esta lógica de 「buscar al revés」 tiene un nombre en el ámbito jurídico: reverse location search, búsqueda inversa de localización: investigar quién estuvo en un sitio en lugar de investigar dónde estuvo una persona. Técnicamente, depende de una premisa: que exista una empresa registrando de forma continua cada movimiento de cada persona. Antes de los smartphones, esa premisa no se sostenía. Antes de que Google construyera su base de datos de historial de ubicaciones, la policía no podía ejecutar esta operación.
Ahora que la tecnología lo ha hecho posible, el derecho tiene que responder a una pregunta: ¿qué significan en la era digital los requisitos constitucionales de 「causa probable」 y 「prohibición de órdenes genéricas」?
La respuesta del Tribunal Supremo: significan exactamente lo mismo. La tecnología cambia; los principios, no.
Cuatro
Pero la cosa no termina con una 「prohibición total de las órdenes de geovalla」. El Tribunal ha sentenciado que constituyen un 「registro」, pero aún no ha dictaminado que sean un registro 「irrazonable」. Eso queda en manos de los tribunales inferiores.
No es una victoria absoluta. Los tres jueces discrepantes —Alito, Thomas y Barrett— sostuvieron que el Supremo ni siquiera debería haber admitido el caso. Su argumento práctico es impecable: Google ya ha cambiado el funcionamiento de su historial de ubicaciones. Los datos ya no se almacenan de forma centralizada en la nube, sino en los propios dispositivos de los usuarios. Eso significa que la orden de geovalla trifásica que se utilizó en este caso ya no es técnicamente ejecutable.
Es cierto. Google modificó el sistema de historial de ubicaciones en 2024, en parte harta de recibir constantemente este tipo de órdenes judiciales.
Pero eso no significa que el problema de privacidad esté resuelto. Que los datos ya no estén en Google no significa que hayan dejado de existir. Solo han cambiado de sitio. Y hay infinidad de otras apps —de transporte, de comida a domicilio, del tiempo, redes sociales— que registran tu posición de forma continua. ¿Dónde están esos datos? ¿Quién puede acceder a ellos? Si la policía envía la orden a otra empresa, ¿qué dice la ley?
La decisión el Tribunal Supremo ofrece una respuesta de principio: da igual en qué empresa estén los datos; la solicitud del gobierno constituye un 「registro」 y está sujeta a las exigencias de la Cuarta Enmienda.
Esa respuesta, por sí sola, es uno de los cimientos más importantes que se han puesto en décadas para la privacidad en la era digital.
Cinco
No voy a contar esta historia como un guion de 「buenos contra malos」. La realidad es bastante más compleja.
El protagonista del caso, Okello Chatrie, atracó un banco de verdad. Sin la orden de geovalla, probablemente nunca lo habrían atrapado. Los casi 100.000 dólares en efectivo que la policía recuperó en su casa, el arma, las notas manuscritas que usó en el atraco: ¿eran todo fruto de una pesca ilegal? No. Eran pruebas materiales reales.
La postura favorable a las órdenes de geovalla no carece de fundamento: si una técnica sirve para atrapar delincuentes, ¿por qué no usarla? Atracadores, asesinos, violadores: si los datos de Google ayudan a la policía a detenerlos, ¿no es un precio aceptable sacrificar un poco del anonimato de la mayoría?
Pero esa argumentación omite una pregunta crucial: ¿quién traza la línea?
Si aceptas que 「como sirve para atrapar delincuentes, podemos examinar los datos de localización de todo el mundo」, ¿qué vas a rechazar después? ¿Que 「como sirve para atrapar delincuentes, podemos examinar el historial de búsquedas de todo el mundo」? ¿El historial de chats? ¿Los datos de reconocimiento facial de todas las cámaras de seguridad públicas?
Sin un principio que trace la línea, cada cesión es el escalón que justifica la siguiente. Y la función de la Constitución es precisamente trazar esa línea antes de que lleguen los casos concretos: sin pruebas específicas contra ti, el gobierno no puede hurgar en tus cosas.
En Hacker News, un comentario muy votado del usuario Terr_ explica con una analogía demoledora por qué los datos de geovalla son más peligrosos de lo que parecen:
「Incluso con un margen de error considerable en los datos de localización, saber dónde ‘trabaja’ un móvil y dónde ‘duerme’ suele bastar para identificar de forma única a una persona. Casi nadie comparte conmigo el mismo edificio de oficinas y la misma urbanización」.
Dicho de otro modo: no hace falta ser atracador de bancos. Basta con ser una persona normal que se mueve entre el trabajo y su casa. Pero esas dos coordenadas bastan para distinguirte de los otros 8.000 millones de habitantes del planeta. Y esa capacidad de distinguirte está ahora mismo en los servidores de Google y, en teoría, a una orden judicial de distancia del departamento de policía.
Seis
¿Qué significa todo esto para una persona normal?
Primero: la policía ya no puede 「lanzar la red y ver qué cae」. Dicho claro: si la policía no sabe quién es el delincuente, no puede obtener los datos de localización de todos los móviles que pasaron por la escena para tratar de encontrarlo. Necesita tener pruebas contra una persona concreta antes de poder examinar su historial de ubicaciones.
Segundo: tu historial de ubicaciones del móvil goza de protección constitucional. Es la primera vez que el Tribunal Supremo afirma con claridad que el historial de localización de tu teléfono —incluso almacenado en los servidores de una empresa como Google— disfruta de una expectativa razonable de privacidad bajo la Cuarta Enmienda. Cuando el gobierno lo obtiene, está realizando un 「registro」 y debe cumplir las exigencias constitucionales.
Tercero: todavía no es una protección total. El Tribunal aún no ha dicho que este tipo de registro sea siempre 「irrazonable」. Los tribunales inferiores tendrán que determinar si la orden de geovalla del caso Chatrie cumple los requisitos de 「causa probable」 y 「descripción precisa」. Dicho de otra forma: el fallo cierra la puerta, pero no le echa el cerrojo.
Cuarto: la línea de defensa más efectiva no está en los tribunales, sino en los ajustes de tu móvil. Google ya no almacena el historial de ubicaciones en la nube, pero muchas otras apps siguen recopilando y transmitiendo tu posición. Si no quieres que tus movimientos acaben convertidos en un registro policial, desactiva los permisos de ubicación de las apps que no los necesiten. Además de ahorrar batería, te estarás protegiendo para no acabar pagando el precio de 「pasar por allí」.
La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se redactó en 1791. Quienes la escribieron no podían imaginar lo que es un móvil, un GPS o un almacenamiento en la nube. Pero el principio que dejaron escrito —el gobierno no puede investigarte sin un motivo concreto—, 235 años después, sigue protegiendo a un hombre que pasó en bicicleta por delante de la escena de un crimen.
Quizá por eso una Constitución tan anticuada sigue siendo tan importante para tanta gente.
Enlaces de referencia:
- The Guardian, “US supreme court rules geofence warrants require constitutional privacy protections”, 2026-06-29, https://www.theguardian.com/us-news/2026/jun/29/supreme-court-geofence-warrants-case-decision
- SCOTUSblog, “Court rules that law enforcement’s use of ‘geofence warrant’ was a ‘search’”, 2026-06-29, https://www.scotusblog.com/2026/06/court-rules-that-law-enforcements-use-of-geofence-warrant-was-a-search/
- Hacker News 讨论帖 (384 points, 176 comments), https://news.ycombinator.com/item?id=48720924
- Ars Technica, “Supreme Court ruling guts government’s use of geofence warrants”, 2026-06-29, https://arstechnica.com/tech-policy/2026/06/supreme-court-ruling-guts-governments-use-of-geofence-warrants/
- NBC News, “Google tracked his bike ride past a burglarized home. That made him a suspect.”, https://www.nbcnews.com/news/us-news/google-tracked-his-bike-ride-past-burglarized-home-made-him-rcna19236
- Wikipedia, “Paula Broadwell — Petraeus affair investigation”, https://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Broadwell#Petraeus_affair_investigation