El 24 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado de Francia (Conseil d’État), el máximo tribunal de justicia administrativa del país, dictó una sentencia que desafía toda lógica. El activista por el acceso abierto Cosmo Wenman llevaba ocho años litigando contra el Museo Rodin de París para exigir la entrega de los escaneos 3D de esculturas que pertenecen al dominio público. La demanda no solo fue desestimada en su totalidad, sino que el tribunal condenó a Wenman a pagar 3.000 euros al museo en concepto de costas procesales. No recibió ni un solo byte de datos.
Con este fallo, el tribunal supremo administrativo utilizó una mera reclasificación jurídica para devolver bajo llave en los depósitos del museo los resultados de una digitalización financiada con fondos públicos. Los jueces dictaminaron que los archivos de nubes de puntos (point clouds) de escaneo 3D son legalmente indistinguibles de las réplicas físicas. El tribunal ni siquiera necesitó comprender la arquitectura de datos de una nube de puntos: en el instante en que los jueces declararon que «a veces un documento no es un documento», la ley francesa de acceso a la información pública quedó reducida a una formalidad vacía.
El propio museo afirmó no poder ni visualizar sus datos
El conflicto comenzó en 2017. Al amparo de la legislación francesa de libertad de información, Cosmo Wenman solicitó al Museo Rodin de París que identificara y facilitara el acceso a los escaneos 3D de las esculturas de su colección. Las obras de Auguste Rodin forman parte del dominio público desde hace décadas y figuran entre las piezas patrimoniales más reproducidas del mundo. Habiéndose financiado su digitalización con dinero público, debían ponerse a disposición de la ciudadanía.
Ante esta solicitud, la primera línea de defensa del museo fue levantar barreras técnicas combinadas con una deliberada incompetencia fingida. En sus alegaciones judiciales, la institución afirmó que los archivos de nubes de puntos generados por escáner láser eran misteriosos, de pésima calidad e incompletos. El museo llegó a sostener ante el tribunal que los datos estaban tan fragmentados que ni siquiera su propio personal especializado era capaz de visualizarlos.
Sin embargo, tras asegurar que los datos eran inservibles, el museo argumentó acto seguido que filtrarlos podría beneficiar a falsificadores de arte. Es más: en un escrito judicial el museo reconoció por escrito que poseía el escaneo 3D de Les Trois Ombres (Las tres sombras), para negar rotundamente en el siguiente escrito que dicha escultura hubiera sido escaneada alguna vez.
Foto: Subcontratistas escaneando con láser “Las tres sombras” en el Musée Rodin. Fuente: Reporte de Cosmo Wenman
Frente a estas contradicciones, Wenman presentó una prueba irrefutable ante el tribunal: fotografías de los subcontratistas realizando el escaneo láser in situ en las salas del museo. La contundente cadena de pruebas desnudó la falsedad institucional: cuando un organismo administrativo decide ocultar información, es capaz de declarar unilateralmente inexistente un proyecto técnico que él mismo encargó y pagó.
Desafiando abiertamente las órdenes judiciales
En las primeras etapas del conflicto, las normas respaldaron al solicitante. La Comisión de Acceso a Documentos Administrativos de Francia (CADA) emitió un dictamen contundente: los escaneos 3D son, sin lugar a dudas, documentos administrativos que las entidades públicas están obligadas por ley a facilitar.
La directora del Museo Rodin no intentó rebatir jurídicamente este pronunciamiento oficial. En una carta interna dirigida al Ministerio de Cultura de Francia, reveló abiertamente su verdadera estrategia: afirmó que el museo planeaba ignorar la ley de acceso a la información y forzar a Wenman a acudir a los tribunales.
En 2019, Wenman interpuso una demanda formal ante el Tribunal Administrativo de París. Organizaciones defensoras de los derechos digitales y la cultura abierta como Communia, Wikimédia France y La Quadrature du Net se sumaron como co-demandantes. Tras cuatro años de litigio, el Tribunal Administrativo de París falló en diciembre de 2023 a favor de los demandantes: reconoció que los escaneos 3D son documentos administrativos, ordenó al museo entregarlos e impuso una indemnización de 1.500 euros a favor de Wenman.
Frente a la derrota, el Museo Rodin y el Ministerio de Cultura ni siquiera recurrieron la sentencia: simplemente ignoraron la orden judicial y se negaron a cumplirla. Al mismo tiempo, en aquella sentencia, el magistrado de primera instancia se inventó una excepción técnica sin precedentes al declarar que, si los archivos de nubes de puntos estaban en formato de texto plano (plaintext), no tenían que entregarse. Esa distorsión sobre los formatos de datos subyacentes sembró la semilla para el vuelco definitivo que vendría después.
Esto no es una pipa
El caso llegó finalmente a finales de 2025 ante el Consejo de Estado (Conseil d’État). En la vista oral que definiría el destino del patrimonio digital, se presenció una escena judicial verdaderamente surrealista.
La ponente pública (rapporteure publique, analista jurídica del tribunal) abrió su exposición citando la célebre pintura surrealista de René Magritte de 1929, La traición de las imágenes (La Trahison des images), en la que se ilustra una pipa acompañada por la frase «Ceci n’est pas une pipe» («Esto no es una pipa»). Apoyándose en esta figura, la letrada intentó explicar a los magistrados su premisa: «a veces un documento no es un documento».
Acto seguido, leyó en voz alta la definición de «documento» del Dictionnaire de l’Académie française. En un momento tragicómico, se detuvo en mitad de la lectura al percatarse de que la definición estándar del diccionario contradecía de forma flagrante la postura que ella misma intentaba sostener.
La parte demandante aportó abundantes testimonios de destacados expertos del mundo académico, industrial y artístico para devolver el debate a la realidad técnica. Señalaron una colosal contradicción de la administración: el propio gobierno francés publica en sus portales oficiales petabytes de datos de nubes de puntos procedentes de escaneos aéreos de todo el territorio nacional. Además, el Ministerio de Cultura había elaborado guías de estándares abiertos de nubes de puntos para el sector patrimonial.
Foto: Visualización de las nubes de puntos de “El pensador”, “La puerta del infierno”, un detalle de “Las tres sombras” y “El beso” del Musée Rodin. Fuente: Reporte de Cosmo Wenman
El mismo formato de nube de puntos 3D que el instituto cartográfico distribuye como datos geográficos abiertos en volúmenes de petabytes, se convierte en manos del museo en un activo hermético e imposible de visualizar. Los estándares técnicos quedaron convertidos en un pretexto maleable según las conveniencias burocráticas del momento.
Una arbitraria reclasificación borra de un plumazo ocho años de litigio
El 24 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado pronunció su veredicto definitivo. La sentencia no se detuvo en debates sobre petabytes ni en falsas dificultades de visualización: esquivó todos los detalles técnicos para asestar una reclasificación tajante.
El tribunal dictaminó que los escaneos 3D de obras patrimoniales del Museo Rodin son jurídicamente indistinguibles de las reproducciones físicas. Al quedar asimilados a objetos materiales, estos archivos digitales ya no son «documentos administrativos», sino que pasan a formar parte de las colecciones inalienables del museo (collections inaliénables).
Este razonamiento construyó un callejón sin salida administrativo: dado que las leyes de transparencia solo aplican a documentos administrativos y los escaneos 3D quedaron catalogados como bienes materiales de la colección, la ley de libertad de información no resulta aplicable al litigio. Y al quedar excluida la ley, el tribunal no tuvo que pronunciarse sobre los hechos probados, la realidad técnica ni las flagrantes contradicciones del museo.
El Consejo de Estado no solo desestimó todas las pretensiones de los demandantes, sino que condenó al solicitante a pagar 3.000 euros al Museo Rodin. El tribunal ni siquiera cumplió las formalidades habituales de notificación y omitió enviar una copia de la sentencia al interesado. Más de 800 páginas de pruebas y alegatos recopiladas a lo largo de ocho años quedaron selladas permanentemente, vedadas a la consulta ciudadana.
El 13 de octubre de 2026, la asociación COMMUNIA celebrará un encuentro monográfico para debatir si los escaneos 3D de obras en dominio público deben ser de libre reutilización. Sin embargo, ese debate sobre las fronteras de los bienes comunes digitales ha recibido un portazo prematuro mediante un fallo judicial.
Esta confrontación de ocho años evidencia que, cuando el control sobre los bienes digitales se ve amenazado, las instituciones con poder de interpretación no necesitan molestarse en entender el código ni los formatos de archivo. Les basta con redefinir un archivo digital como entidad física para transformar datos públicos en tesoros privados bajo llave.
Enlaces de referencia:
- Reporte de Cosmo Wenman
