«Quien copia un libro de texto de un sitio pirata ya ha infringido los derechos de autor en ese mismo instante, punto.» (The person who copies the textbook from a pirate site has infringed already, full stop.) Con esta tajante afirmación, el juez federal William Alsup, del Distrito Norte de California, trazó una frontera decisiva para la industria de la inteligencia artificial. Que un modelo procese y aprenda de los libros entra dentro del uso legítimo (fair use); que descargue millones de copias de portales piratas para crear repositorios internos constituye una infracción flagrante de la propiedad intelectual.
La demanda colectiva contra Anthropic se resolvió con un acuerdo extrajudicial de 1.500 millones de dólares. Se trata de la mayor indemnización por derechos de autor en toda la historia judicial de Estados Unidos. El pacto abarca casi 500.000 obras debidamente registradas, lo que equivale a unos 2.932 dólares por título. Sin embargo, esta suma desorbitada no ha conseguido apagar la indignación: autores de renombre han decidido desvincularse del acuerdo colectivo para llevar a la compañía a juicios con jurado independiente.
Esta sentencia divide con nitidez dos acciones hasta ahora confusas: el aprendizaje algorítmico y la apropiación indebida de archivos digitales. La primera cuenta con el respaldo del uso legítimo; la segunda cruza la línea roja de la reproducción no autorizada. Aunque los límites jurídicos se han aclarado, el poder de fijar el precio de la creación humana continúa en manos de las grandes tecnológicas.
El límite del juez: la IA puede leer, pero no robar
En agosto de 2024, tres reconocidos escritores demandaron a Anthropic ante el tribunal federal del Norte de California. Acusaban a la tecnológica de recopilar sus libros sin consentimiento ni compensación económica para entrenar a sus grandes modelos de lenguaje de la familia Claude. Los demandantes solicitaban medidas cautelares y las máximas indemnizaciones legales por obra vulnerada.
En junio de 2025, el magistrado William Alsup dictó una resolución sumaria parcial. Muy respetado en Silicon Valley por haber aprendido a programar personalmente para resolver complejos litigios de propiedad intelectual de software, el veterano juez eludió los maniqueísmos y desglosó el caso en dos planos bien diferenciados.
Alsup determinó que entrenar modelos de IA utilizando libros protegidos constituye un uso legítimo y transformativo. El nivel de transformación, argumentó, es extraordinario: Claude no reproduce frases literales de los volúmenes analizados al generar respuestas. Lo que hace es trazar relaciones estadísticas iterativas entre palabras, de forma similar a un ser humano que lee bibliotecas enteras para acumular conocimientos y redactar posteriormente textos originales.
Foto: El juez federal William Alsup. Fuente: Wikimedia Commons (Fotografía de Jason Doiy Photography)
Ahora bien, la doctrina del uso legítimo no ampara los métodos ilícitos de obtención de datos. El magistrado rechazó de plano que la investigación científica proporcione una patente de corso para servirse de fuentes piratas. Ninguna entidad puede aducir fines académicos para llevarse libros de los estantes de una tienda sin pagar. En el preciso momento en que se descargaron copias digitales desde bibliotecas piratas, el delito de reproducción ilegítima quedó consumado.
Saqueo de tres bibliotecas pirata: millones de volúmenes en los servidores
Los documentos del proceso revelaron la cadena de suministro de datos de Anthropic. Bajo la constante presión por acelerar el entrenamiento de sus modelos frente a sus competidores, el equipo de ingeniería optó por esquivar las lentas vías de concesión de licencias comerciales y recurrió a los repositorios clandestinos de internet.
Los expedientes judiciales detallan tres fuentes piratas principales empleadas por la empresa. En primer lugar, el conjunto de datos Books3, que contenía unos 183.000 libros extraídos de portales piratas. En segundo término, la conocida biblioteca en la sombra LibGen, desde donde Anthropic descargó al menos 5 millones de volúmenes. Y en tercer lugar, el servidor espejo PiLiMi, del que se copiaron por lotes otros 2 millones de obras.
Foto: Estanterías de una biblioteca universitaria en California. Fuente: The Stanford Daily (Fotografía de Jack Bernardo)
Esta descarga masiva no fue fruto de una equivocación fortuita. La propia documentación de Books3 advertía de forma explícita que el catálogo estaba compuesto casi íntegramente por obras con derechos reservados. Empleados de Anthropic llegaron a advertir internamente de las contingencias legales asociadas al uso de portales piratas. Sin embargo, en la vorágine por no quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial, las advertencias internas de cumplimiento normativo se archivaron discretamente.
El proceso de entrenamiento de grandes modelos lingüísticos exige descomponer, limpiar y convertir libros enteros. Aunque el modelo final no sea más que un conjunto de ponderaciones probabilísticas, los servidores de la empresa debieron almacenar copias digitales íntegras antes de iniciar los cálculos. Esa fase de duplicación y transformación local fue la que constituyó la prueba irrefutable de infracción.
Un acuerdo récord de 1.500 millones: 2.932 dólares por título
Ante el rastro indeleble de sus propios servidores, Anthropic prefirió cerrar un pacto antes de acudir a juicio. En agosto de 2025, las partes fijaron un desembolso de 1.500 millones de dólares, validado formalmente por el tribunal el 20 de julio de 2026. Esta cifra bate el récord histórico de indemnización por derechos de autor en la justicia estadounidense.
La demanda colectiva impuso criterios de admisión muy estrictos para las 482.460 obras protegidas: debían contar con código ISBN y haber sido registradas ante la Oficina del Copyright de EE. UU. en los cinco años posteriores a su publicación. Esta exigencia administrativa dejó fuera de toda compensación a miles de autores independientes e internacionales sin registro oficial en ese país.
La legislación estadounidense establece indemnizaciones legales por infracción de entre 750 y 30.000 dólares por obra, cuantía que puede ascender hasta los 150.000 dólares si el tribunal aprecia dolo manifiesto. Con cerca de medio millón de títulos afectados, la responsabilidad económica teórica superaba los 72.000 millones de dólares. Por tanto, los 1.500 millones pactados permitieron a Anthropic neutralizar un riesgo procesal que ponía en juego su propia supervivencia.
Al prorratear la cifra entre el volumen de obras admitidas, cada libro recibe una media de 2.932 dólares. Si se descuenta en torno al 25% destinado a los honorarios de los despachos de abogados demandantes (unos 375 millones), el autor apenas percibirá unos 2.200 dólares netos por título. A cambio de emitir un cheque diferido para legitimar miles de terabytes de material de entrenamiento, la tecnológica cerró una operación enormemente rentable.
Rechazo al pacto colectivo: catedráticos de Stanford denuncian «trabajo esclavo»
No todos los escritores aceptaron un acuerdo que perciben como una liquidación a la baja. En la Universidad de Stanford, más de una decena de profesores descubrieron que sus monografías especializadas habían sido absorbidas por el motor de Claude. Comprobaron cómo el esfuerzo de toda una vida se convertía en el cimiento del algoritmo de una corporación privada.
El laureado novelista y profesor emérito de literatura inglesa Tobias Wolff vio cómo diez de sus títulos eran incorporados sin permiso. Wolff censuró públicamente esta práctica calificándola de «trabajo esclavo» y criticó que el pacto confiera un privilegio a las grandes empresas tecnológicas, permitiéndoles expoliar la literatura humana para monetizarla a su antojo.
Wolff y su colega del departamento Chang-rae Lee declinaron cobrar su parte del fondo común. En mayo de 2026, presentaron una demanda independiente exigiendo juicio con jurado. Los dos escritores reclaman la indemnización máxima de 150.000 dólares por título y exigen una orden judicial permanente que prohíba de forma tajante a la empresa volver a utilizar sus obras para entrenar modelos.
En la comunidad tecnológica, el desenlace revivió el recuerdo del activista y programador Aaron Swartz. Hace más de una década, Swartz fue procesado con trece cargos federales graves por descargar por lotes artículos académicos de JSTOR. En contraste, una multinacional que se apropió de millones de libros piratas resuelve su responsabilidad penal a través de una transacción mercantil civil. Este doble rasero judicial ante el individuo y el capital corporativo ha reavivado una fuerte controversia social.
El cuello de botella de los costes de transacción: el poder de fijar el precio sigue en la plataforma
Más allá de este proceso concreto, ¿por qué los gigantes tecnológicos prefieren arriesgarse a cometer infracciones en lugar de negociar licencias comerciales? El jurista Paul Goldstein, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, señala el obstáculo decisivo: los costes de transacción. Los modelos punteros exigen millones de libros; pactar acuerdos individuales con cientos de miles de autores resulta logísticamente inasumible.
El marco legal actual deja a los autores en una posición de extrema indefensión. Mientras numerosos países reconocen los derechos morales de los creadores (como el derecho de atribución), la legislación de copyright estadounidense no contempla un derecho general de paternidad sobre obras literarias. Por ello, los escritores no solo no reciben pagos justos, sino que carecen del derecho a exigir que las herramientas de IA citen el origen de sus textos.
Actualmente hay abiertas más de 70 demandas por propiedad intelectual contra firmas de inteligencia artificial en EE. UU., impulsadas por The New York Times, Getty Images y centenares de creadores. El Sindicato de Autores (The Authors Guild) presiona al Congreso para fijar un sistema de licencias obligatorias, similar al del sector musical, que regule por ley tarifas homogéneas de derechos.
La resolución del juez Alsup fija con claridad las reglas del juego: las máquinas pueden estudiar textos y transformarlos, pero las empresas no pueden abastecerse en mercados negros. Aunque 1.500 millones de dólares parezcan una suma estratosférica, en la práctica consagran una tarifa mayorista de unos 2.000 dólares por libro. Las tecnológicas han blindado su negocio frente al riesgo legal; los autores, por su parte, siguen completamente al margen de la fijación de precios.
Referencias:
- Tribunal Federal del Distrito Norte de California, Sentencia Bartz v. Anthropic
- The Stanford Daily, Reportaje de investigación en profundidad
- Tribunal Federal del Distrito Norte de California, Demanda Cruz v. Anthropic
- Declaraciones del Sindicato de Autores ante el Congreso de EE. UU. sobre propiedad intelectual
